La Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico ha escrito parte de la historia de nuestro país durante 60 años, literalmente. Se insertó en ella formalmente el 1 de diciembre de 1952, en San Juan, con el fin social de educar a sus miembros para mejorar el servicio farmacéutico a los pacientes, y defender la sobrevivencia moral y económica de las farmacias puertorriqueñas.

“Nosotros hemos sido el muro de contención que ha sostenido a las farmacias de comunidad. Sin la Asociación, las farmacias puertorriqueñas habrían desaparecido”, dice con convicción María Isabel Vicente Mestre, quien ha sido directora ejecutiva de la AFCPR por los pasados nueve años.

Su lucha ha girado en torno a la Legislatura, ante la que promueve leyes para la protección de socios y pacientes. La aplicación a las farmacias de los Certificados de Necesidad y Conveniencia, que era el instrumento de planificación del Departamento de Salud para el establecimiento ordenado de las farmacias en Puerto Rico; la aprobación de una nueva Ley de Farmacia; la inclusión en la Ley de Farmacia del artículo 5.10 para impedirles a los grupos de médicos bajo corporaciones profesionales o administradores de beneficios de farmacia dirigir pacientes a farmacias específicas, así como el respaldo para el establecimiento de la prescripción electrónica; la enmienda para conseguir que las farmacias se convirtieran en centros de inmunización, y la reglamentación de los Administradores de Beneficios de Farmacia, o PBM’s por sus siglas en inglés, son solo algunas de sus luchas más recientes.

“Yo he estado en la junta por los últimos 17 años. He sido desde vocal hasta la vicepresidenta. En todos los años que he estado aquí, creo que es la única organización que defiende la permanencia de las farmacias, porque las conoce, ataca inmediatamente los problemas que la sacuden. Las farmacias de comunidad están amenazadas desde hace muchos años por distintas vertientes y la Asociación siempre ha estado ahí para sacar la cara por nosotros”, reconoció Bruni Giuliani, vicepresidenta de la AFCPR, farmacéutica y dueña de la Farmacia La Concepción de Yauco, donde atiende a por lo menos 70 pacientes del programa de buprenorfina del seguro de salud del gobierno, Mi Salud.

Hasta 1997, la organización se llamó Asociación de Dueños de Farmacias de Puerto Rico. Quince directores firmaron los artículos de incorporación de la organización que nace el mismo año en que se firma la Constitución del Estado Libre Asociado y se pone en marcha el proyecto político que encumbró en la Fortaleza a Luís Muñoz Marín, Operación Manos a la Obra.

Estaba integrada por propietarios de farmacias legalmente establecidas aquí. Miguel Saavedra, Francisco Rahola, Santos Feliú, Joaquín A. Gautier, Carmen Burés, Francisco Collazo, Esteban Amador, Augusto Font, Jr., J.V. Quiñones, M.A. Ramírez, Vicente Hita, Jr., David Hurst, Eloy Báez, Rosita Azize y Lydia Marcos, en ese orden, aparecen rubricando el documento que establece las pautas de comportamiento y trabajo de los dueños de farmacia y sus empleados desde 1952. En 1997 se enmendó el certificado de incorporación y, desde entonces, es la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico.

Llegan las farmacias extranjeras

La llegada a Puerto Rico de la primera cadena de farmacias estadounidense, en el año 1959, alertó a los dueños de farmacias puertorriqueñas de los cambios que se producirían en la nueva década.

“Ya se anticipaba que venía a Puerto Rico una cadena de farmacias estadounidense, la Rexall Drugs, que se convertiría en Farmacias Moscoso, luego que Teodoro Moscoso le comprara a Rexall Drugs”, dijo a El Botiquín José “Pepito” Pérez de Gracia, farmacéutico y dueño de la cadena de Farmacias Plaza, quien presidió la AFCPR hasta 1972.

La cadena de farmacias boricua, según dice, no representaba mayores inconvenientes para el resto de las farmacias de comunidad. Hasta que en 1962 llega Walgreens.

“La Asociación estaba bien activa. Un detalle que recuerdo, entre 1964 y1966, es que se funda el primer grupo de compras de dueños de farmacia, Golden Cross, para abaratar costos y ser competitivos. Comprar en cantidades que no podía comprar una farmacia sola. Tenía una cruz dorada”, añade Pepito, como le llaman sus amigos, y quien administra 13 Farmacias Plaza en Bayamón, Toa Baja, y San Juan.

Para capear la tormenta que desató la competencia extranjera, de ese mismo grupo, Golden Cross, nació Droguería Río Piedras. “Los dueños de Droguería Río Piedras no podían tener más de un 10 por ciento de las acciones, y se crea como una corporación de dueños de farmacia. Cambió de Golden Cross a Droguería Río Piedras”, acota el licenciado Enrique “Nagib” Sued Juliá, un prominente farmacéutico, dueño de la Super Farmacia Rina y la Farmacia Derkes en Guayama, y miembro de la actual junta de directores de la AFCPR.

La fórmula resultó ser muy exitosa, “al extremo de que se hacía una inversión de dos o tres mil pesos y al año ya lo habías amortizado, y daban un por ciento mayor de ganancias”.

De izquierda a derecha: Dr. Luís González, Lcdo. Erick Quiñones, Lcdo. José ‘Pepito’ Pérez de Gracia, Lcdo. Arnaldo Colón y Lcdo. Enrique “Nagib” Sued JuliáSin embargo, “los líderes grandes de la Asociación se fueron separando de estar activos en la organización. Cuando yo llego a la presidencia, tengo que irme a convencerlos para que pagaran la cuota y había bien, bien pocas personas. En los años 70-71 había unos 32 o 34 miembros”, asegura Pérez de Gracia.

“En ese momento, para mi lo más importante fue empezar a bregar con una propiedad que teníamos en Río Piedras, el único capital de la organización, y con eso mantener viva la Asociación. No había recursos, no había nada, solo el solar allí. Mantener vivo al grupo que había, y salvar ese terreno, era la prioridad para poder hacer el trabajo que teníamos que hacer cuando empezó la competencia”, insistió.

Con la llegada de las cadenas extranjeras, las circunstancias cambiaron para los dueños de farmacias boricuas. “El panorama cambió cuando Walgreens llegó. Los planes médicos no existían. Nosotros vendíamos directamente al paciente. Existían Triple S y Cruz Azul, pero ellos pagaban el medicamento sin descuento, era como vender cash. Daban pocas ganancias, pero era como vender cash”, dijo el farmacéutico Arnaldo Colón Berlingeri, socio honorario de la AFCPR y quien fuera dueño de farmacia.

“No es solo que Walgreens llega, sino que los planes médicos comienzan una campaña feroz por aplicar descuentos al costo de los medicamentos”, añadió Sued Juliá.

CNC’s o la lucha de David y Goliat

En esos años, la organización cabildeó para que se incluyera a las farmacias como una institución de salud a las que le aplicaran los Certificados de Necesidad y Conveniencia, en un intento por detener el crecimiento desmedido y la construcción desordenada de farmacias Walgreens. “Cuando Walgreens se dio cuenta, empezó a protestar, y se dio la batalla”, señaló Colón Berlingeri.

Angel OliverasEl triunfo de Pedro Rosselló en las elecciones de 1992 obligó a la Asociación a activar un fuerte y costoso cabildeo en la Legislatura para frenar la intención del Ejecutivo de eliminar los Certificados de Necesidad y Conveniencia en detrimento de las farmacias de comunidad.

“El (Rosselló) dijo que creía en la libre competencia. Me acuerdo que nos invitaron a Fortaleza para decirnos que el gobernador iba a eliminar los Certificados de Necesidad y Conveniencia. Contratamos al licenciado Gerry Carlo y comenzamos un cabildeo en la Legislatura y desde allí, el senador Nicolás Nogueras y el representante Antonio Silva le pidieron al licenciado José Jaime Pierluisi, ayudante del gobernador, que no enviara ningún proyecto, pero lo enviaron”, lamentó Colón Berlingeri.

Más de $50,000 le costó a la AFCPR el pleito que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, luego que el Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico derogara su aplicación en el año 2005.

De hecho, la ley está activa para todas las demás instalaciones de salud, como hospitales, laboratorios clínicos y centros de salud en el hogar, pero no para las farmacias.

“En Estados Unidos esta ley no existe, aunque hay ciertos estados que tienen una versión menguada de la misma para algunas instalaciones de salud. El estatuto se originó durante la presidencia de Teodoro Roosevelt, por un período y luego se derogó, pero Walgreens la utilizó para argumentar, en el pleito contra el Departamento de Salud, que éste lo utilizaba para discriminar contra la cadena. Y era una violación al Dormant Commerce Clause, a modo de una interferencia contra el comercio interestatal”, explicó el presidente de la AFCPR, Elliot Pacheco, un emprendedor dueño de farmacia que es miembro de la cadena de Farmacias Reyes, con sucursales en San Juan y Cayey.

“En múltiples ocasiones hemos ido ante distintos secretarios de Justicia para que declaren a Walgreens como un monopolio. Dimos la batalla por los Certificados de Necesidad y Conveniencia y nos lo tumbaron. Estamos dependiendo de esta Asociación antes de que nos pasen el rolo”, dijo Sued Juliá.

En los años ochenta, cuando la matrícula de la Asociación se fue en desbandada, la farmacéutica Ivette Claudio (QEPD) inició los pasos para su reorganización desde un nuevo organismo, Farmacias Unidas Independientes, para “luchar por la estabilidad y crecimiento de la farmacia independiente”. Una meta que, según decía, “se logrará mediante nuestro esfuerzo en brindar los mejores servicios de salud con las más altas y estrictas normas de ética”, según se desprende de documentos fechados en 1983.

El meritorio esfuerzo mantuvo viva la lucha de las farmacias puertorriqueñas mientras se reinventaba la Asociación de Farmacias de Comunidad.

Aflora la Asociación con un pagaré que había que liberar

Según Ángel Oliveras, la Asociación está en pie, gracias a las gestiones del farmacéutico Raúl González, dueño de la Droguería Río Piedras, con lo que coincide Sued Juliá, quien cuenta la historia en primera persona.

“Fue don Raúl González quien prestó el dinero para no perder lo único que teníamos, con una sola condición: reorganizar la asociación que pasaba por un prolongado letargo. Saldada la deuda de $25 mil, se le vendió al propio Raúl. Ese dinero ninguna junta lo podía usar si no era para comprar una propiedad para las oficinas de la Asociación y así se hizo”, recuerda Sued Juliá.

Según cuenta, durante la presidencia del farmacéutico Roberto Peirats, los primeros años la sede de la Asociación se instaló “en el baúl del carro”. En 2006, durante la presidencia de Julie Hurtado, se compró la oficina en el edificio Capital Center de Hato Rey con un certificado de depósito de $250 mil. Esa es hoy día su sede.

“Yo recuerdo cuando la Asociación no tenía membresía. Caminamos la Isla entera, y después nos metimos al Capitolio. Hicimos mucho trabajo en el Capitolio. Al Colegio de Farmacéuticos, sin embargo, se le hacía difícil entender la importancia de defender los intereses de los dueños de farmacia. Se les hacía difícil, nos veían como comerciantes”, acotó Oliveras, quien fue presidente y cabildero de la AFCPR.

Cuando Oliveras llegó a la presidencia en 1994 había asignaturas pendientes, más allá de aumentar la matrícula. “Combatir por la permanencia de los Certificados de Necesidad y Conveniencia, combatir la medicina por correo, trabajar en la Ley de Cierre, y el cabildeo, a eso fue a lo que le tuve que dar el frente. Esos cimientos en la Legislatura se trabajaron bien. Allí estaban la Cámara de Comercio y Walgreens con sus cabilderos, y yo. La lucha fue a palo limpio”.

La reforma de salud de Roselló

En 1998, la reforma de salud de Rosselló desestabilizó los cimientos de las farmacias que, entre otras cosas, tuvieron que aceptar que se les pagara por debajo del costo de los medicamentos.

En eso estaba inmersa la Asociación cuando llegó a la presidencia Ana Lourdes Rivera. “Entré como vicepresidenta en 1998, y en el 1999 advine a la presidencia. Mi primer día como presidenta tuve que atender una demanda en el Tribunal Federal por los contratos leoninos de Humana, una de las aseguradoras de la reforma”.

Los contratos eran un asunto de “lo coges o lo dejas”, puesto que las farmacias no tenían oportunidad de negociar con las aseguradoras. Los dueños de farmacia tenían que aceptar el precio de los medicamentos que ellos imponían.

“Igual que los que me precedieron, tuve que ir hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico por los Certificados de Necesidad y Conveniencia”, rememoró Rivera, quien fue la dueña de Farmacias Deco, en la Plaza del Mercado de Río Piedras, y luego se desempeñó como Procuradora de Pequeños y Medianos Negocios.

“Durante mi presidencia tuve aciertos en el tribunal en términos de la conservación de los Certificados de Necesidad y Conveniencia, y el reclamo que eliminaría la práctica del envío de medicamentos por correo, una decisión a favor de la Asociación, que probó que aunque la práctica en Estados Unidos era permitida, en Puerto Rico había que reglamentarla y aquí no estaba reglamentada”, relató.

El afán desmedido de Walgreens por aumentar el número de farmacias, en abierta violación de las leyes, los llevó a invertir el orden de las solicitudes de permisos ante ARPE para la construcción de tiendas de conveniencia. No presentaban los Certificados de Necesidad y Conveniencia y ARPE no se los pedía. Una vez el gobierno aprobaba los planos, y construida la estructura, obligaban al estado a autorizar el recetario.

El mortero

“Llevamos casos a los tribunales de los socios que pedían auxilio porque tenían problemas con el establecimiento de farmacias extranjeras que amenazaban la subsistencia de las de aquí. La división legal de Asociación de Farmacias de Comunidad se puso a su disposición y por un tiempo logramos retrasar la expansión de Walgreens, hasta que en 2005 fueron derogados los Certificados de Necesidad y Conveniencia”, recordó Vicente Mestre, quien se inauguró como directora ejecutiva de la AFCPR en la presidencia de Julie Hurtado, que se extendió de 2002 a 2006.

“En aquel momento llevábamos una batalla campal porque Walgreens se establecía muy cerca de las farmacias de comunidad”, apunta Hurtado.

Ese subterfugio que utilizaba Walgreens para engañar al Departamento de Salud y obtener los Certificados de Necesidad y Conveniencia obligó a la Asociación a someter una querella ante Salud para impedir que utilizaran el mortero, un símbolo de farmacia, y la palabra farmacia en aquellos establecimientos sin recetario.

“Tuvieron que tapar el mortero. El Departamento de Salud falló a favor nuestro”, sentenció Hurtado.

La farmacéutica intuía que había algo detrás de las artimañas de sus competidores. “El corre y corre que tenía Walgreens era porque años después se iba a establecer en Puerto Rico la también cadena de farmacias estadounidense CVS, con la intención de replicar aquí lo que en Estados Unidos es la práctica: establecerse frente a Walgreens. Aquí pasa lo mismo”.

Lcda. Brunilda Giuliani”Ese es el efecto concreto de la derogación de los Certificados de Necesidad y Conveniencia. Al derogarse los CNC’s, ha habido una expansión sin límite de la cadena. Con la llegada de CVS, ahora a Walgreens le están dando una dosis de su propia medicina, porque en menos de dos años ya hay más de diez de esas farmacias alrededor de la Isla”, dijo Vicente Mestre.

“Una de las cosas que aprendimos es que existen los tribunales, pero no hablan el mismo idioma que nosotros, a menos que te toque un juez que se interese en nuestros asuntos. Porque no conocen la realidad de nuestros reclamos. A menos que hayan pasado por situaciones familiares o personales, lo ignoran”, dijo Hurtado.

Como presidenta, Hurtado también trabajó en la primera revisión que se hizo a la Ley de Farmacia en tres décadas. “Fue la primera vez que se escribió una nueva ley de farmacia para atemperarla a la tecnología y los procesos farmacéuticos del momento”, recordó.

Para que se aprobara, Hurtado convocó a la matrícula del Colegio de Farmacéuticos al primer piquete en su historia reciente, para exigirle a la entonces gobernadora Sila María Calderón la aprobación de la ley. Fue también la primera vez que una asociación afiliada piquetea a la Cámara de Comercio, que se oponía a la aprobación de una enmienda a la Ley de Farmacia para garantizar al paciente su derecho a la libre selección de farmacias y evitar la práctica de dirigismo hacia farmacias específicas. Calderón firmó la nueva Ley de Farmacia el 3 noviembre de 2004.

La llegada del intermediario (PBM)

La reforma de la Administración Calderón a la tarjeta de salud de Rosselló creó una figura que comprometía la solvencia económica de las farmacias. Un intermediario entre las farmacias y la Administración de Seguros de Salud, ASES, el Administrador de Beneficios de Farmacia (PBM por sus siglas en inglés). Por primera vez los medicamentos se le pagaban a las farmacias 5% por debajo de su costo.

Ahí comenzó una nueva lucha desde la Asociación para exigir la reglamentación de los PBM’s.

Página del documento original de incorporación de la Asociación de Dueños de Farmacias de Puerto Rico, fechado el 1 de diciembre de 1952, con las firmas de los miembros fundadores.”Cuando yo entro a la Asociación, teníamos que luchar por la reglamentación de los PBM’s porque los legisladores no sabían qué era. Todavía no saben lo que es. Los comisionados de Seguros, todos, nos han dicho que ellos están para velar por la seguridad fiscal de las aseguradoras, porque ellos tienen que garantizar que las compañías de seguros están sólidas para poder brindar los servicios a los beneficiarios, que ellos no tienen el peritaje ni el dinero para reglamentar a los PBM’s”, ilustró Vicente Mestre.

Los intermediarios, según dice, tienen un control absoluto sin que nadie los fiscalice a ellos. “Auditan, piden credenciales y nadie los fiscaliza a ellos. Por ejemplo, si a una aseguradora la tienen que eliminar, eso pasa por un proceso del comisionado de Seguros y el proceso de liquidación. Pero, como a los PBM’s nadie los reglamenta, si ellos no le pagan a las farmacias, éstas se quedan sin cobrar.

Otro asunto es que los contratos son unilaterales y las farmacias tienen que aceptar el pago que ellos imponen. Con alguna buena voluntad, ellos mejoran uno o dos puntos porcentuales del contrato”, sostuvo Vicente Mestre.

La AFCPR no es la única que ha hecho el reclamo para la reglamentación de los PBM’s. “En Estados Unidos, la National Community Pharmacists Association, NCPA, lleva casi dos décadas tratando que el gobierno federal legisle proyectos para reglamentar los PBM’s allí”, según la ejecutiva. En sobre diez estados ya se han aprobado leyes que los reglamentan.

En el proyecto propuesto por la AFCPR, el Comisionado de Seguros fiscalizaría y reglamentaría a los PBM’s.

Otro asunto que movilizó el cuatrienio pasado a la Asociación hasta las oficinas del entonces secretario de Asuntos del Consumidor Alejandro García Padilla fue su intento de establecer un reglamento que imponía un tiempo definido para despachar recetas. La medida no progresó. Sin embargo, años más tarde, la Procuradora del Paciente lo incluyó en el reglamento de la Carta de Derechos y Responsabilidad del Paciente.

Acevedo Vilá le da la espalda

En 2006, el P. del S. 2190, un proyecto que les permitía a los proveedores de salud negociar los contratos de servicio con las aseguradoras y los administradores de farmacia, fue firmado por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Sin embargo, cuando se elaboró el reglamento, “mataron la ley”. La legislación fue promovida por el Colegio de Dentistas y la Coalición Salud para Todos.

El reglamento limitaba con quién se sentaba a negociar. No permitía la negociación con ASES ni con entidades que manejan planes Medicare y esas imposiciones, entre otras, hicieron inoperante la ley.

“Aníbal Acevedo Vilá no apoyó las farmacias de comunidad”, reclamó Pérez de Gracia. En eso coincide la directora ejecutiva de la Asociación, quien recuerda que “en el cuatrienio de Aníbal se perdieron los Certificados de Necesidad y Conveniencia y tanto el Departamento de Salud como el Procurador General actuaron bajo presión nuestra. Además, él nos vetó el proyecto para reglamentar los PBM’s.

Los dos puntos más importantes para las farmacias de la comunidad se perdieron en ese cuatrienio. El que más daño le ha hecho a la Asociación y a las farmacias fue Aníbal. Le dio la espalda a los pequeños comerciantes por estar detrás de los banqueros de la Milla de Oro”.

Cuando la farmacéutica Elda Sierra juramenta la presidencia de la AFCPR se comenzó a redactar el proyecto que permitía la prescripción electrónica y también se promovió el acercamiento y la incorporación a la junta de directores de la AFCPR de los miembros de todos los grupos de compras.

“Nos dimos a la tarea de educar al dueño de farmacia en cuanto a las contrataciones; que entendie­ran el contrato de adhesión y cómo éstos iban a impactar las farmacias. En cinco días visitamos los cuatro puntos cardinales de la isla. Fue un maratón educando a los socios.

Cuidándonos de no entrar en controversia con el Federal Trade Commission. “Queríamos que estudiaran los contratos antes de firmar los que llegaban de los PBM’s unilaterales y por adhesión”, dijo la también propietaria de la Farmacia Elda de Manatí.

Aunque Sierra define su paso por la presidencia como uno conciliatorio, lo cierto es que su debut estuvo salpicado de controversia.

“Yo llegué y lo primero que pasó fue el arresto de 96 médicos fatulos. Así me inauguré en los medios, con las amenazas de las autoridades de que las farmacias serían multadas si se despachaban recetas fatulas. Era una amenaza a la salud y ASSMCA insistiendo en que no podíamos despachar. Pero no nos decían quiénes eran los médicos”, relató.

A insistencia de la AFCPR se entregaron las listas de médicos y los programadores pudieron alimentar una base de datos “que nos alerta sobre la solvencia moral del médico. Ahora, cuando el sistema marca en rojo, el mismo sistema te dice quién es quién. Esa fue mi inauguración”.

“A Elda le tocó terminar el caso de las farmacias especializadas, que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que en una opinión del juez asociado (Erick) Kolthoff Caraballo decidió que el paciente puede renunciar a la entrega del medicamento por parte del farmacéutico, las vistas administrativas en Salud y en DACO, querellas de anuncios engañosos”, según Vicente Mestre.

La lucha por la libre selección de farmacias

Cuando se cumplen 60 años de fundación de la organización, la lista de asuntos pendientes supone que no habrá mucho tiempo para celebrar.

“Nosotros trabajamos la legislación para garantizar el derecho del paciente a la libre selección en la Ley de Farmacia. Preparamos a tiempo el terreno, presentamos la legislación necesaria y desde el 2004 estamos defendiendo la libre selección”, dijo Pacheco Beauchamp, quien asumió la presidencia de la AFCPR, en julio de 2010.

Asignatura pendiente también es la aprobación de la segunda fase del Código de Salud de Puerto Rico para la reglamentación de los PBM’s.

Un asunto en el que la Asociación ha dejado el pellejo es en detener la aprobación de un proyecto del representante José Ernesto Torres Zamora que deroga la licencia de botiquín, lo que permitiría que los médicos ejerzan una función que está reservada a los farmacéuticos. Un proyecto similar, sometido por el ex presidente del Senado Kenneth McClintock en 2008, fue rechazado por el Departamento de Salud, puesto que con la derogación cada oficina médica se convertiría en un recetario.

La importancia del asunto se puso de manifiesto tras el arresto federal, a principios de diciembre pasado, de siete farmacéuticos a los que se ha vinculado con un esquema para el trasiego de medicamentos recetados en colaboración con un grupo de médicos.

“Nosotros nos oponemos al proyecto e incluso hemos demostrado que los pediatras, que lo promueven, no vacunan porque la licencia de botiquín sea un escollo, sino porque los planes médicos no les reembolsan lo que cuesta la vacuna y la administración al paciente”, denunció Pacheco Beauchamp.

“Si se deroga la licencia, siempre existe la posibilidad de la compra por Internet de esos medicamentos. Ahora mismo el Departamento de Salud no sabe cuán grande es el problema aquí”, alertó Vicente Mestre.

Lcda. Marilya RodríguezOtra gestión que hace la organización es cabildear para que se cree, mediante legislación, la Oficina de Investigación del Departamento de Salud, que se detuvo en la Cámara porque se dio la impresión de que desmantelaría a ASSMCA.

“La favorecemos porque la oficina tendría fuerza de ley y habría un protocolo de inspección y uniformidad por el que se regirían todos los inspectores con un mismo libro para hacer las auditorías. Además, esa oficina se propone revisar la ley de ASSMCA, que data de los años 70”, dijo Pacheco Beauchamp.

Con la presencia desde 1962 de la cadena de farmacias extranjeras Walgreens y, ante la llegada y rápida expansión de CVS en Puerto Rico, la AFCPR se propone presentar legislación para limitar el número de pies cuadrados de estas farmacias y lograr incentivos municipales al pago de impuestos por la propiedad mueble y las patentes municipales.

Ahora toca convencer a alcaldes y legisladores para que respalden la propuesta, lo que reconocen que es tarea difícil. “Ante un gobierno republicano como éste, con una visión ‘globalizada’ de los mercados, es una tarea cuesta arriba, pero no imposible”, dijo Pacheco.

Los miembros de esta junta no son complacientes, saben que es necesario que los dueños de farmacia se pongan al día.

“No podemos tapar el cielo con la mano, cada uno de nosotros debemos tener nuestras farmacias con el inventario adecuado, que ningún paciente se vaya de nuestras farmacias sin su medicamento. Tenemos que invertir en tecnología; en la apariencia física de nuestros negocios, porque esto no es un asunto de ser grande o pequeño, y capacitar a nuestros empleados para que ofrezcan el mejor servicio”, sentenció.

Expediente médico electrónico

A todo el trabajo de cabildeo legislativo realizado por la AFCPR en los pasados tres años se añaden las gestiones para adelantar la creación de la red de intercambio de información de salud y acceso a los expedientes médicos de los pacientes: el expediente médico electrónico, en el que están en juego unos 800 millones de dólares.

Dieciocho meses después de haber aprobado una orden ejecutiva que creó un comité para trabajar en el expediente médico electrónico – una disposición mandatoria de la ley federal de salud – el gobernador Luis Fortuño sorprendió a todos al enviar un proyecto a la legislatura, aprobado al final de la sesión extraordinaria, mientras en Cámara y Senado se evaluaban otros dos proyectos sobre el mismo asunto. El record electrónico debía estar funcionando en 2014.

“La Asociación de Farmacias de Comunidad ha estado representada en el Comité sobre Manejo de Información Electrónica de Salud, para trabajar el proyecto que crearía el registro médico electrónico. Trabajamos un plan estratégico, al que se adjudicaron los fondos y se creó una corporación sin fines de lucro”, recordó Pacheco Beauchamp, quien ocupa un asiento en el comité.

Con todo el trabajo que tienen por delante, la junta de directores de la AFCPR se muestra cautelosamente optimista sobre el futuro de las farmacias puertorriqueñas.

Yo si volviera a nacer sería farmacéutico y volvería a tener una farmacia, y con esa misma convicción digo que la Asociación de Farmacias de Comunidad es el único mecanismo que queda para salvar las farmacias de comunidad, para que no pase lo que está pasando en Estados Unidos, donde apenas se ven. Por eso seguiré trabajando por la asociación”, dijo Sued Juliá.

“Los números son claros, de 1,200 farmacias de comunidad, hoy hay 700. Sin embargo, Walgreens eran 25 y ahora son 120”, dijo Erick Quiñones, farmacéutico y miembro de la junta de directores de la AFCPR. “Sin embargo, sigo creyendo en las gestiones de la Asociación, porque creo que es lo único que tenemos que nos mantiene vivos, porque el Colegio de Farmacéuticos representa a todo el mundo y aquí somos dueños de farmacia que padecemos el mismo dolor por la misma enfermedad y remamos todos juntos”, agregó.

“Hay que luchar desde aquí porque la Asociación, es donde único uno se siente apoyado y protegido. Yo no me quedaría cómoda en mi farmacia si no contara con esta organización”, añadió Bruni Guiliani.

“Es un honor pertenecer a una organiza­ción que ha velado por los intereses y la defensa de nuestras farmacias por 60 años. Si no es por la Asociación, no habría farmacias de comunidad, nos habrían pasado el rolo. Nuestros competidores gastan mucho dinero en cabilderos y nosotros, si no fuera por la Asociación, no existiríamos”, resaltó Emilio Reyes, tesorero de la AFCPR y dueño de Farmacias Reyes de Cupey.

“Hay que detener la expansión de las cadenas, o por lo menos ponerle tranquillas, como es la reducción del pietaje. Que en vez de darle incentivos de diez años a Walmart, que se los den a los pequeños empresarios”, dijo Pacheco Beauchamp al condenar la actuación del alcalde de San Juan, Jorge Santini, en el caso de Walmart de la parada 18.

“Darle 300 mil dólares para crear empleos, a tiempo parcial, y cinco años de exención en el pago de patentes, y 10 años en incentivos, es una vergüenza”, sostuvo.

“El futuro está en las manos de los propios dueños de farmacias. Ellos tienen que determinar lo que quieren hacer. Yo estoy aquí y la Asociación está para aguantar embates, promover una situación mejor para las farmacias de comunidad, pero el futuro está en los dueños de farmacias. Tienen que tomar decisiones aguerridas más contundentes para poder sobrevivir”, concluyó Vicente Mestre, a quien la junta reconoce como la arquitecta de la nueva cara de la organización.